Los temas que marcarán la agenda para los autónomos a partir de septiembre

Hay pendientes cuestiones clave que no están en la nueva ley

A. J. Cano/El A. Digital. El colectivo de autónomos espera que el próximo mes de septiembre, con el comienzo de un nuevo curso político, suponga el inicio de un proceso que puede comportar importantes cambios legislativos. Entre el escepticismo y las esperanza, las organizaciones de autónomos desean que después del periodo vacacional estival arranquen por fin varios temas.

En primer lugar, la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados del texto de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo. El texto se encuentra ahora en el Senado y, una vez aprobado en la Cámara Alta, ha de pasar de nuevo a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Aunque había ciertas esperanzas de poder aprobar la ley este mismo verano, como quería el grupo Ciudadanos –promotor de la ley–, finalmente habrá que esperar, previsiblemente, a septiembre.
No olvidemos que esta ley se tramitó como urgente en noviembre, pero la gran cantidad de enmiendas presentadas ha eternizado su tramitación y no fue hasta el pasado 29 de junio cuando se aprobó en comisión en el Congreso.
Además, también habrá que ver qué medidas entrarán en vigor ahora y cuáles en 2018. Las organizaciones de autónomos están intentando que algunas de ellas, como la de ampliación de la tarifa plana, entren en vigor de manera inmediata, una vez la ley se apruebe definitivamente y se publique en el BOE. Probablemente varias de las medidas de carácter fiscal, como las deducciones, entrarán en vigor a partir del próximo enero. En otras, como la relativa a la tarifa plana, el grupo parlamentario de Ciudadanos “intentará que entren en vigor inmediatamente”.

Siguiente paso: la subcomisión del RETA
No menos importante es la subcomisión del RETA en el Congreso. Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del texto de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, son varias las reivindicaciones del colectivo que no han entrado en el contenido de la ley y que se debatirán en las comisiones y subcomisiones constituidas a tal efecto, como, especialmente, la del Pacto de Toledo y la Subcomisión de Reforma del RETA. Desgraciadamente, esta subcomisión no tiene todavía fijado un calendario, si bien las entidades del colectivo esperan que a partir de septiembre se dé ya el paso de ponerla en marcha.
“Estas medidas tienen el suficiente calado como para que los partidos políticos se posicionen, ya que, como todas relacionadas con los autónomos, deberían consensuarse por unanimidad”, afirmaba UPTA en un comunicado hace unos días. Entre otras medidas, UPTA destaca la posibilidad de que los autónomos coticen al RETA por rentas del trabajo reales; la exoneración de la cuota al RETA en el caso de que los ingresos en términos interanuales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional; aclarar el concepto de habitualidad y el desarrollo y reglamentación definitivos de la cotización al RETA como autónomo a tiempo parcial, medida actualmente en vigor pero sin reglamentación.
En este sentido, el contacto entre las organizaciones de autónomos y los partidos políticos se acrecentará a partir de septiembre con la intención de que la subcomisión comienze su andadura. Así, al menos, lo ha anunciado este verano UPTA, que ya se ha reunido con el PSOE y ha anunciado más reuniones con este grupo en septiembre.
En esa reunión, mantenida el pasado 25 de julio, según fuentes de UPTA, se marcó la agenda de trabajo en materia de trabajo autónomo para septiembre. Y lo hizo fundamentalmente en tres aspectos troncales:
• la reglamentación de la cotización al RETA a tiempo parcial, medida aprobada en el año 2011 y cuya entrada en vigor se ha ido aplazando sistemáticamente en la Ley de PGE;
• la definición del concepto de habitualidad en términos de salario mínimo interprofesional, que permitiría dar seguridad jurídica a cientos de miles de personas que ejerciendo una actividad no llegan al SMI;
• y la cotización al RETA por rentas netas el trabajo, que subsanaría el agravio comparativo que supone que los que más ganan coticen lo mismo que los que menos ganan.
UPTA desea que estos asuntos se trasladen y se debatan en las comisiones de reforma de pensiones, Pacto de Toledo y subcomisión de reforma del RETA. De momento, confían en iniciar una serie de reuniones con el Partido Socialista que aborden en profundidad cada uno de estos temas.

La precariedad y los falsos autónomos
Otro de los temas importantes que quedan pendientes en la agenda para septiembre es el de la situación de los autónomos dependientes, los TRADE, y los abusos que padecen. Las entidades que defienden los intereses de los autónomos, como la propia UPTA o la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE), han advertido de esto en varias ocasiones.
Pero no solo estas organizaciones. La Comisión Europea ya ha alertado varias veces de la precariedad en España, que se extiende con el consiguiente peligro de debilidad social y económica. Así lo confirman los últimos datos de la Comisión Europea referentes al estudio anual sobre el empleo y la evolución social (ESDE). El auge de los falsos autónomos, principalmente jóvenes, son un indicativo más de la precariedad rampante a que hace mención el estudio.
En el informe se admite que el riesgo de pobreza de los autónomos de hasta 39 años en España es un 45% más que en el conjunto de la Unión Europea. En países como la República Checa, Chipre o Irlanda, el riesgo de pobreza no llega ni al 10%. “¿Es este un buen dato para echar las campanas al vuelo? ¿Por qué la precariedad de los autónomos apenas está reflejada en la recién aprobada Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo?”, lamentaba CIAE en una nota.
Esta confederación de autónomos considera que la precariedad “hace aumentar la brecha social, creando en el mercado laboral dos orillas extremadamente opuestas: los que disponen de protección social, disfrutando de un cierto poder de compra, y los abandonados a la pobreza y sin futuro, con nulas posibilidades de engancharse al ascensor social”.
CIAE advierte sobre la irrupción en el mercado empresarial y laboral “de una ‘nueva economía’, también llamada pomposamente ‘economía colaborativa’ que, sirviéndose del ingenio de una aplicación web o móvil, han puesto patas arriba los derechos laborales y está destrozando la economía real”. Según señalan, “el vacío legal existente fomenta a estos listillos del sistema valerse del fraude y la usura para enriquecerse a costa de su precariedad 2.0: contratos irrisorios, servicios mal remunerados, sin cobertura en caso de baja médica o maternidad, sin vacaciones pagadas, sin prestación por jubilación”.
Para CIAE, “los últimos acontecimientos que han salido a la luz pública teniendo a Deliveroo y a Uber como protagonistas hablan claramente de lo que las empresas de este signo pretenden hacer con el mercado: volver al siglo XIX puro y duro”.

Por otro lado, esta situación de los TRADE fue también uno de los principales temas de la reunión mantenida entre UPTA y el PSOE el mes pasado. Según explicaban en una nota informativa, trataron este tema sobre todo en dos vertientes claramente diferenciadas.
Por una parte, el TRADE como prestador de servicios de empresas en la economía digital. En este caso, y con la posibilidad de firma de un Acuerdo de Interés Profesional que diera cobertura y protección a los TRADE, esta figura estaría más que justificada, como ocurre con Deliveroo, cuyo interés por la firma de un AIP y mejora de las condiciones de sus TRADES la convertirían en modelo a copiar.
Pero, por otra parte, “preocupa el uso y abuso que algunas empresas, en la economía digital y en la tradicional, hacen de la figura del TRADE, desvirtuando completamente el espíritu original de la creación de la figura del TRADE que no era otra que mejorar condiciones y proteger a los cientos de miles de autónomos en esa situación”.
Según señala UPTA, el PSOE, entendiendo que el autónomo y el TRADE pueden y deben convivir con los trabajadores asalariados, cada uno en su adecuado espacio, abogaría por incrementar las penalizaciones a aquellas empresas que obligan a trabajadores que deberían estar dados de alta en el régimen general (RGSS) a que se conviertan en autónomos, transformándolos así en falsos autónomos.

Fuente-

http://www.elautonomodigital.es/subcomision-reta-septiembre/

 

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